A continuación presentamos sus acuerdos cupulares entre este funcionario y la cúpula de la Sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del IPN.
Tráfico de influencias
El 17 de septiembre de 2023, el periódico La Jornada dio a conocer el caso de la asignación discrecional de plazas que fueron otorgadas a los que entonces eran líderes sindicales y sus allegados, las cuales se obtuvieron sin concurso y de forma directa, aquí las pruebas de esa investigación.
Entre quienes recibieron plazas de profesor titular C de tiempo completo –la máxima categoría a que se puede aspirar, con sueldos mensuales brutos de más de 34 mil pesos– están:
Juan Carlos Rebolledo Villarino, del CECyT 4
Rosa Alma Guerrero Orozco, del CECyT 7
Octavio Ramos Aguilar, del CECyT 14
Saúl Cardoso Monroy, de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia.
El mismo cargo sindical ostentaban
Francisco Zanabria Vázquez (de la Escuela Superior de Economía, quien alcanzó 40 horas con la suma de dos plazas, una de profesor titular B y otra de profesor de asignatura B)
Patricia Sánchez Cruz (Escuela Superior de Física y Matemáticas, profesora asociada B)
José Adolfo Ramírez Sánchez (Esime Culhuacán, profesor asociado C)
Jerónimo Medina Juárez (de ESCA Tepepan, profesor asociado C)
La mayoría de ellos actualmente forman parte de la Directiva de la Sección 60 del SNTE, como Octavio Ramos Aguilar en la Secretaría de Contraloría; Saúl Cardoso Monroy en la Secretaría de Evaluación Docente; Rosa Alma Guerrero en la Secretaría de Comunicación; Francisco Zanabria Vázquez, en la Secretaría de Acción Social; José Adolfo Ramírez Sánchez en la Secretaría de Ecología; Jerónimo Medina Juárez, en la Secretaría de Estadística y Planeación.
Con la misma fecha del 12 de octubre de 2012, se encuentran promovidos el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación:
Jesús García Cervantes al nivel salarial 11 y
Liliana Herrera Pérez a nivel salarial 11
Favoritismos y cambios de plaza
A la asistente del Secretario General de la Sección 60, Carlos Gómez se le otorgó un cambio de plaza sin que exista un proceso de por medio, el cual es corroborado incluso por el propio Abogado General.
Jezabel Ruiz Torres, quien fungía como Asistente Ejecutivo “A” en la ESIME Zacatenco como parte del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación le fue otorgada una plaza de Titular “A” en el CECyT 19 “Leona Vicario”, ubicado en Tecámac.
En respuesta a la asignación de esa plaza, las autoridades del IPN son enfáticos en responder:
“Respecto al examen de oposición, después de la búsqueda exhaustiva en archivos físicos y electrónicos de esta Unidad Académica, se determinó que no se cuenta con información a este respecto”
La corrupción nos afecta a todos
La Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno debe de tomar cartas sobre el asunto sobre estos casos, en los que está involucrado el suspendido Secretario de Administración del IPN y el Jefe de Capital Humano del IPN Héctor Bello Ríos.
La corrupción nos afecta a todos y es un deber no cerrar los ojos ante estos actos reprobables.
Somos un proyecto ciudadano encargado de promover acciones contra la corrupción.
Por Asociación de Ciudadanos para Erradicar la Corrupción
Evidencia documental revela la presunta red de corrupción que involucra a la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 11, a Javier Tapia Santoyo, y el jefe de la Oficina de Capital Humano, Héctor Bello Ríos, por otorgar promociones salariales de manera irregular a dirigentes sindicales, entre los que se encuentra el actual secretario general, maestro Emilio Ortiz Amaro.
Javier Tapia Santoyo fue suspendido del cargo debido a que se encuentra acusado de cometer presuntos actos de corrupción cuando fue funcionario del ISSSTE y durante su encargo como Secretario de Administración del IPN, además la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha congelado sus cuentas bancarias.
Pero su red de corrupción se extiende a diversos niveles en el IPN, alcanzando a la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en este caso a la Sección 11.
La cúpula sindical bajo la lupa
La investigación pone en entredicho la legalidad de las promociones concedidas a miembros del Comité Ejecutivo Seccional y a representantes sindicales del IPN, incluyendo al actual secretario general, el maestro Emilio Ortiz Amaro.
Tras una publicación inicial, este medio recibió decenas de denuncias a través del correo proyectohuelum@gmail.com por parte de profesores, trabajadores, alumnos e incluso directivos del IPN, quienes han aportado información clave que actualmente se encuentra en proceso de análisis e investigación. Este medio agradece la confianza y reitera su compromiso con el principio de que la corrupción afecta a todos los ciudadanos.
Los datos concretos: promociones irregulares
Un análisis específico sobre 102 trabajadores investigados que actualmente ostentan cargos sindicales —ya sea como integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, representantes de los trabajadores o en funciones cercanas a la estructura— arrojó los siguientes hallazgos:
41 dirigentes sindicales fueron promovidos el 1 de abril del presente año, otorgándoles de 2 a 8 niveles salariales.
El secretario general de la Sección 11 del SNTE pasó del nivel salarial 11 al 19, el 1 de mayo de 2023.
Estas promociones se otorgaron sin que los beneficiarios pudieran participar en un proceso de promoción oficial, dado que al momento del otorgamiento fungían como representantes sindicales, lo cual contravendría las normativas internas de participación, además hasta el momento no se han encontrado pruebas documentales en la que estos dirigentes hayan participado en algún proceso o convocatoria emitida por el Instituto Politécnico Nacional.
El caso del Secretario General
Un caso particularmente relevante es el del actual Secretario General de la Sección 11 del SNTE, el maestro Emilio Ortiz Amaro que fue promovido el 1 de mayo de 2023, escalando del nivel salarial 11 al 19. Es relevante resaltar que de acuerdo a documentos obtenidos por Transparencia, el dirigente se ostentaba en esa fecha como secretario de finanzas del Comité Ejecutivo Seccional y no se encontró evidencia de alguna convocatoria en la que haya participado.
A su vez, informamos que acudiremos a las instancias legales donde se integran los expedientes contra Javier Tapia Santoyo, para pedir que esta nueva línea de investigación se agregue a la acusación. Recordemos que está acusado de enriquecimiento oculto, en dónde ya se es catalogado como presunto responsable administrativo y por abuso de funciones, dicha denuncia está en proceso de investigación.
En la próxima entrega daremos a conocer más documentación oficial que sobre esta red de corrupción “Tapia Santoyo – SNTE” que involucra a dirigentes de la otra sección sindical del IPN, la 60.
A continuación presentamos la documentación obtenida en la Secretaria de Administración y la Oficina de Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional.
Por: Asociación de Ciudadanos para Erradicar la Corrupción
La suspensión temporal de su cargo, emitida el pasado 26 de noviembre por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Javier Tapia Santoyo, Secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), es más que una simple medida cautelar por presunto enriquecimiento oculto y corrupción en licitaciones. Esta acción ha destapado una profunda y compleja red de manejos turbios que se extiende hasta la dirigencia sindical del Instituto Politécnico Nacional, poniendo en tela de juicio la legitimidad de sus líderes y deja en vulnerabilidad los derechos laborales de miles de trabajadores politécnicos.
La sanción a Tapia Santoyo, impuesta por la Unidad de Combate a la Impunidad y que confirma lo que era un “secreto a voces” en el IPN, ha revelado presuntas irregularidades que se arrastran desde su gestión como funcionario del ISSSTE y del IPN; ahora se destapa la influencia directa que tiene en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 11.
Los datos publicados a continuación fueron contrastados por documento obtenidos en la Oficina de Capital de Humano del IPN y mediante la consulta del portal de la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal.
Ascensos “Fast Track”: 115 Niveles Salariales entregados a la cúpula sindical
La evidencia central de esta red de corrupción radica en el uso discrecional de las promociones salariales. Se ha documentado que, al margen de los procesos legales, se habrían otorgado al menos 115 niveles salariales a una élite de la Sección 11 del SNTE.
Como en toda universidades e instituciones de educación, el IPN cuenta con un proceso de ascenso salarial, el cual se realiza mediante una convocatoria a la que los trabajadores interesados deben acudir y cumplir ciertos requisitos, pero al parecer eso no es aplicable para los representantes sindicales del SNTE.
Estos beneficios fueron concedidos sin que mediara proceso de ascenso escalafonario legal, ya que no se encontró ninguna convocatoria emitida que avale las promociones a la dirigencia sindical y allegados. Los manejos, presuntamente orquestados por Tapia Santoyo y funcionarios bajo su mando como Héctor Bellos Ríos, actual Director de Capital Humano, se concentraron en la promoción irregular de la cúpula sindical.
Los beneficiados: conoce el listado
A partir del 1 de abril de 2025, se identificaron al menos 42 promociones adicionales otorgadas a dirigentes seccionales y personal administrativo de apoyo con cercanía a la estructura oficial, sumando un total de 115 niveles salariales otorgados de manera ilegal y discrecional.
Aquí la lista de los dirigentes sindicales beneficiados.
1.- David Camacho S. Dirección a Apoyos a Estudiantes. Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo de la Sección 11
Pasó de nivel salarial 9 a nivel 15
2.- María del Rocío Chávez González. Dirección General. Secretaría de Organización IX del Comité Ejecutivo de la Sección 11
Pasó de nivel salarial 11 a nivel 13
3.- Carolina Pérez González. UPIITA. Secretaría de Trabajos y Conflictos del IPN en el Comité Ejecutivo Seccional.
Pasó de nivel salarial 11 a 13.
4.- Atxiri Marlen Mejia Saucedo. ESIA Ticomán. Secretaría de Organización XI del Comité Ejecutivo de la Sección 11 del SNTE.
Pasó del nivel salarial 5 al 13.
5.- Lesly E. Alonso Nery. Dirección de Administración Escolar. Secretaría de Patrimonio Sindical del Comité Ejecutivo de la Sección 11 del SNTE.
Pasó del nivel salarial 10 al 12.
6.- Abraham Salvador Santiago. UPIICSA. Secretaría de Acervo Histórico del Sindicato del Comité Ejecutivo de la Sección 11 del SNTE.
Pasó del nivel salarial 8 al 13.
7.- Rocío Serrano Hernández. CEPROBI. Presidenta del Comité Electoral del Comité Ejecutivo de la Sección 11.
Pasó del nivel salarial 5 al 13.
8.- Héctor Marquín. CECyT 10. Suplente de la Secretaría de Organización XI del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 11.
Pasó del nivel salarial 6 al 9.
9.- Javier Zapote Contreras. EST. Suplente del la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo de la Sección 11.
Pasó del nivel salarial 8 al 10.
10.- Gabriel Ponce Carmona. Representante sindical del CECyT 6
Pasó del nivel salarial 8 al 10.
11.- Wendy Eugenia Abrego Campos. Representante sindical del CECyT 7.
Pasó del nivel salarial 9 al 11.
12.- Javier Navarro Rosas. Representante sindical del CECyT 8.
Pasó del nivel salarial 3 al 5.
13.- Israel Tobías López. Representante sindical del CECyT 9.
Pasó del nivel salarial 9 al 11.
14.- Carlos Bonilla Olmos. Representante sindical del CECyT 11.
Pasó del nivel salarial 5 al 8.
15.- Raúl García Porcayo. Representante sindical del CECyT 12.
Pasó del nivel salarial 8 al 10.
16.- Julio Javier González R. Representante sindical del CECyT 13.
Pasó del nivel salarial 9 al 11.
17.- María Estela Martínez. Representante sindical del CECyT 15.
Pasó del nivel salarial 9 al 11.
18.- Imelda Vargas Mendoza. Representante sindical de la ESCA Santo Tomás.
Pasó del nivel salarial 8 al 10.
19.- Patricia Espejel Olivo. Representante sindical de la Facultad Superior de Economía.
Pasó del nivel salarial 7 al 10.
20.- Adriana Patricio Castillo de Ignacio. Representante sindical de la Escuela Superior de Enfermería.
Pasó de nivel salarial 9 al 11.
21.- Ángel Enrique Aguilar Soto. Representante sindical de la ESIT.
Pasó del nivel salarial 6 al 9.
22.- José Antonio Flores Contla. Representante sindical de la UPIICSA.
Pasó del nivel salarial 5 al 8.
23.- José Manuel Romero Bobadilla. Representante sindical de la ENBA.
Pasó del nivel salarial 7 al 10.
24.- José Javier Mejía Valencia. Representante sindical de la Coordinación de Imagen Institucional.
Pasó del nivel salarial 5 al 8.
25.-Blanca Alejandra Vidal Saldaña. Representante sindical de la Dirección de Recursos Financieros.
Pasó del nivel salarial 11 al 13.
26.- Álvaro Iván Valencia Trujillo. Representante sindical del Planetario.
Pasó del nivel salarial 5 al 8.
27.- Francisco Hernández Martínez. Representante sindical de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones.
Pasó del nivel salarial 7 al 9.
28.- Alma Rosa Nava Juárez. Representante sindical de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones.
Pasó del nivel salarial 5 al 8.
29.- José Antonio González Reyes. Representante sindical de la Dirección General de Planeación y Organización
Pasó de nivel salarial 5 al 7.
30.- Joana Paola Pantoja Flores. Representante sindical de la Coordinación del Centro Nacional de Cálculo.
Pasó de nivel salarial 7 al 9.
31.- Pavel Ulises García Rodríguez. Representante sindical de la Dirección de Apoyo a Estudiantes.
Pasó de nivel salarial 5 al 8.
32.- Marlenne Guadalupe Peralta. Representante sindical del CICATA.
Pasó del nivel salarial del 3 al 5.
33.- Rafael Pérez Arvizu. Representante sindical de CAES
Pasó de nivel salarial 8 al 10.
34.- Isela Maldonado Álvarez. Representante sindical de la UPII Guanajuato.
Pasó del nivel salarial 9 al 11.
35.- José Ernesto Trujillo A. Representante sindical de CIDIIR Durango.
Pasó de nivel salarial 9 al 11.
36.- Lorena Mata Salcedo. Representante sindical de CBG Reynosa.
Pasó de nivel 9 al 11.
Además se detectaron estas promociones a quienes no tienen ningún cargo sindical, pero se presume que son cercanos a los dirigentes sindicales que fueron ilegalmente beneficiados:
37.- Olga Lidia Mata Hernández. CECyT 15.
Pasó de nivel salarial 11 a 13.
38.- Raúl Contreras Ávila, CICS Santo Tomás
Pasó de nivel salarial 3 a 9.
39.- Juan Jesús Becerril, ESCA Tepepan
Pasó de nivel salarial 9 a 11.
40.- Teresa de Jesús Yepez Rivera. Dirección de Bibliotecas y Publicaciones.
Pasó de nivel salarial 9 a 11
41.- Ricardo Valencia Sánchez. Escuela Superior de Economía.
Pasó de nivel 9 al 11.
42.- Yarumi Alejandra González Anda. CENDI CLEMENTINA BATALLA
Pasó del nivel 7 al 10.
Imperativo: desmantelar la red de influencia
Estos incrementos salariales no justificados, enmarcados en el contexto de las graves acusaciones contra Tapia Santoyo, apuntan a que la red de corrupción utilizó las promociones como una herramienta de control político para afianzar el dominio sobre la cúpula sindical del Politécnico. Esto compromete seriamente la legitimidad de las negociaciones colectivas y vulnera los derechos de los trabajadores.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno enfrenta el desafío de no limitarse a la investigación del enriquecimiento ilícito de Tapia Santoyo.
Esta nueva y presunta red de corrupción que, operó posiblemente con la complicidad de funcionarios clave, incluyendo a Héctor Bello Ríos, Director de la Oficina de Capital Humano, benefició a dirigentes sindicales mediante acuerdos turbios que podrían ir en perjuicio de una importante institución como lo es el Instituto Politécnico Nacional y sus trabajadores.
El combate a la corrupción nos corresponde a todos los ciudadanos.
Esta es la parte 1 de la investigación, en las próximas horas compartiremos más datos de interés acerca de la red de corrupción de Tapia Santoyo que abarca a la cúpula sindical del SNTE.
Denuncian tráfico de influencias, cohecho y evasión fiscal del “Cártel de la Limpieza” en el IPN
Publicamos a continuación un artículo de la Revista Proceso, del pasado 12 de noviembre de 2025, que habla sobre los fraudes en las licitaciones con las empresas de limpieza en el Instituto Politécnico Nacional por parte del Secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo.
Acusan ante la Auditoría Superior de la Federación al secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo por enriquecimiento inexplicable, falsificación de documentos y fraude en la asignación de contratos de aseo.
La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) denunció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo por la presunta comisión de tráfico de influencias, cohecho, evasión fiscal, enriquecimiento inexplicable, falsificación de documentos y fraude en la asignación de contratos de aseo.
“Los hechos que por esta vía se denuncian son imputables al cien por ciento a funcionarios públicos en activo como Javier Tapia Santoyo, Secretario de Administración del IPN y a los dueños de las empresas prestadoras de los Servicios de Limpieza y Seguridad Privada, José Juan Reyes Domínguez y José Juan Reyes Mote, quien se auto denominó Niño de Oro”, resaltó el representante legal de la ACUEC, Gerardo Rivadeneyra.
Actualmente Servicios Integrales Retimar es la proveedora del servicio en el Politécnico por un monto de 2 mil 184 millones de pesos con 4 mil 459 empleados comprometidos, sin embargo, de acuerdo con la querella hasta mediados de año la empresa solo tenía a 2 mil 156 empleados afiliados en el IMSS.
Al considerar dicho desfase, además de otros contratos de la compañía, la evasión mensual calculada asciende a 7.5 millones de pesos en responsabilidades obrero-patronales; no obstante, se asegura que desde la llegada del funcionario al IPN otras firmas del mismo grupo han sido favorecidas ya sea con procesos públicos o mediante escritos de adjudicación directa, entre ellas se señala a Joad Limpieza y Servicios, Grupo Relissa Servicios Corporativos, Aseo Privado Institucional, Nano Limpieza, así como a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales.
Asimismo, la ACUEC presentó documentos sobre la constitución de razones sociales como Limpieza Jored, Cleanium Limpieza, Siprom, Aseo Privado Institucional y Limpiacero en donde destaca las coincidencias de dirección y lugar de fundación.
“Como podrá usted notar todas las empresas constituidas por el Cártel para prestar servicios de limpieza coinciden en que fueron registradas con Fedatarios Públicos del Estado de Morelos y otro dato relevante es que los domicilios donde se encuentran ubicados, todos son dentro de las mismas alcaldías, esto con el objeto de garantizar que la Subdelegación del IMSS que les corresponda sea alguna dentro de las ubicadas dentro de la jurisdicción de la Delegación Norte en la Cdmx, donde es su cómplice Luis Anuar Estefan Garfias, operador de Norma Gabriela López Castañeda, ex directora de Afiliación y cobranza del IMSS a nivel Nacional”.
Sobre el modus operandi del grupo, desde la Asociación se describió que se basa en la creación de distintas firmas para concursar en procesos de licitación pública a nivel federal y local, de esa forma participarían por lo menos con cuatro opciones con las que escalonan precios para garantizar que los contratos les sean asignados.
Los brazos del Cártel
Armot Seguridad Privada y Servicios es otra de las compañías enlazada en la denuncia al Cártel supuestamente comandado por Reyes Domínguez y Reyes Mote, misma que cuenta con contratos en el IMSS-Bienestar, ISSSTE y en el Metrobús capitalino; como resultado habría de tener inscritos en el Instituto de Zoé Robledo a más de 20 mil empleados, en contraste, hasta el 21 de julio pasado solo reconocía a 754 trabajadores, por lo que el golpe para las arcas llegaría a 20 millones de pesos cada mes.
“Uno de los rubros que más dinero ilegal le genera a los Líderes del Cártel es sin duda la EVASION de cuotas obrero patronales, pues NUNCA registran ni afilian al Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores que les prestan servicios, defraudando con esto a todo tipo de autoridades y a los propios trabajadores”.
El actual Jefe de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Javier Tapia Santoyo, y el coordinador de imagen institucional del mismo instituto, Marco Antonio Ramírez Urbina, están vinculados con una red de empresas irregulares y fantasma que ha recibido y triangulado más de tres mil 300 millones de pesos del erario provenientes de contratos del sector salud, y de instancias como las fuerzas armadas.
Desde 2022, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000753/ en contra de Tapia y de su círculo por posibles hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Esto luego de que fuera denunciado por la Secretaría de la Función Pública y por Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía.
A través de nueve amparos Tapia Santoyo, su esposa y su familia han intentado acceder a las carpetas de investigación, frenar posibles órdenes de aprehensión, así como detener investigaciones de orden patrimonial y procedimientos de responsabilidad administrativa.
Una investigación realizada por la asociación civil TOJIL denominada “El Clan Biomédica: negocios, corrupción y complicidades detrás de la mayor empresa fantasma del sector salud” sustentada en documentos oficiales, datos abiertos y fuente federales revela las conexiones que ligan a Tapia Santoyo y Ramírez Urbina con la red de empresas encabezada por Interacción Biomédica SA de CV, una compañía ya declarada por el SAT como la mayor empresa facturera del sector salud.
En 2019 Reforma publicó que, con el inicio del nuevo sexenio y la decisión de cambiar a proveedores de medicamentos, a Biomédica le fueron adjudicados contratos que causaron desabasto. Impunidad Cero reveló que con Biomédica se habrían desviado más de 1 mil 613 millones de pesos en servicios facturados del sector salud estatal y federal, pues la empresa no tenía ni los recursos materiales ni humanos para hacer por ella misma nada. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad corroboró que la empresa jamás operó en su domicilio fiscal.
Lo que TOJIL prueba ahora es que Biomédica forma parte de una red de 84 compañías que se conectan entre sí por socios, apoderados, administradores, domicilios fiscales, objetos sociales y transacciones financieras. De estas empresas nueve son compañías ya declaras como fantasma por el SAT, seis empresas no están ubicables en sus domicilios, hay dos inhabilitadas y 28 tienen operaciones directas con Biomédica.
Tapia y Urbina están ligados con varias de ellas. En sitios web ya dados de baja Tapia figuraba como director de Biomédica y hay documentos y perfiles en redes que evidencian su relación con apoderados de la red. El hecho es grave no solo por ello sino porque el funcionario las ha favorecido de forma directa o a través de terceros con contratos y recursos y estas, a su vez, le han canalizado pagos.
Conexiones, empresas y pagos
En 2017 el SAT incluyó a Biomédica en su lista oficial de compañías que facturaron operaciones inexistentes, un hecho que la empresa no ha podido desvirtuar hasta la fecha. Sin embargo, un año después, en 2018, Tapia autorizó tres contratos para esta empresa desde la Dirección del Departamento de Mantenimiento y Contrataciones del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, la cual ocupó antes de ser ascendido en este sexenio como tesorero de todo el ISSSTE y luego como jefe de administración del IPN.
Esos primeros tres contratos, por un total de 11 millones 147 mil pesos, fueron autorizados por adjudicación directa, sin licitación o competencia pública. En su momento MCCI y TOJIL presentaron una denuncia que derivó en un procedimiento a cargo del Órgano Interno de Control del ISSSTE bajo el expediente 2019/ISSSTE/E565 el cual, sin embargo, no profundizó en las conexiones del funcionario con la empresa, y solo impuso una sanción administrativa por haber contratado a una empresa fantasma.
Lo anterior es la punta del iceberg. En su cuenta de Instagram, configurada como privada, Tapia Santoyo tiene entre sus contactos a José Irán Orta Sosa, Lois Alemao, Hansel Vega Ruiz, y Luis Román Garduño Villeda, todos apoderados en distintos momentos de Biomédica y de otras empresas que pertenecen a esta red, entre ellas Gerd Yerik SA de CV.
En su página web Gerd Yerik presumía como caso de éxito haber obtenido dos contratos con el Hospital 20 de Noviembre. Aunque estos contratos no son públicos, con Compranet se pudo identificar que datan de periodo en que Tapia laboraba como Director del Departamento de Mantenimiento de ese instituto.
Tras la llegada de Tapia Santoyo al IPN, dicho instituto también comenzó a adjudicar contratos a esta red empresarial. La Dirección de Recursos Materiales e Infraestructura, subordinada a la oficina del funcionario federal, ha beneficiado a Gerd Yerik con contratos superiores a los 19 millones y medio de pesos. Fue justo tras la llegada de Tapia que esta empresa comenzó a recibir recursos de ese instituto. En su declaración patrimonial de 2022 Tapia dijo que, al mes, percibe ingresos por más de cien mil pesos de dos empresas privadas: Soluciones Biokavi SA de CV y Novamedix SA de CV. En su sitio web, Biokavi presume tener en sus clientes al ISSSTE. Es decir, un año después de dejar su cargo en dicho instituto, Tapia reportó que recibe recursos de una de las contratistas de la dependencia de salud donde laboró.
Respecto a Novamedix, los documentos revelan que Tapia Santoyoes su representante legal mientras que esposa, Fernanda Valenzuela del Olmo, es incluso accionista. La investigación de TOJIL documenta que Novamedix se conecta con la red a través de terceros, de domicilios, y han participado como “competidoras” en posibles licitaciones simuladas.
De hecho, el objeto social de Interacción Biomédica y de Novamedix es idéntico. Sus actas constitutivas no solo muestran que se dedican a lo mismo, sino que la redacción de sus amplias funciones es una copia casi completa. Las coincidencias son relevantes porque empatan con el traslado de recursos y evidencian un esquema donde proveedores triangulan recursos al funcionario.
Por ejemplo, en 2022 Tapia autorizó un contrato del IPN por nueve millones de pesos a la empresa Corporativo Esbiomed SA de CV, la cual es una compañía hermana y con el mismo accionista de Corporativo Duomed SA de CV, que a su vez tiene o tuvo al mismo gerente comercial (Diego Rodríguez) que Novamedix, la compañía de la esposa de Tapia y que mensualmente le traslada recursos al funcionario.
Otra empresa, Prevención y Soluciones K-B SA de CV, cuyo apoderado es Lois Alemao (que como ya se dijo también es amigo de Tapia Santoyo y apoderado de Interacción Biomédica), recibió del IPN un contrato por insumos de COVID que terminó incumpliendo según consta en un documento de responsabilidad sancionatoria.
Socios al amparo del poder
En la red identificada por TOJIL hay otra empresa con razón social Grupo Viviter SA de CV, cuyo objeto social también es una calca de Biomédica y Novamedix, y donde figura como accionista, Marco Antonio Ramírez Urbina. Esta persona no solo es cercana a Tapia, sino que es un servidor público y nada menos que el coordinador de imagen institucional de todo el IPN.
Las actas revisadas muestran que en Grupo Viviter SA de CV figura como apoderada legal Itzel Betzaí Tapia Santoyo, hermana de Javier Tapia Santoyo.
Ramírez Urbina también es accionista fundador de Corporativo Duomed, la empresa conectada a través de su gerente comercial – entre otras cosas – con Novamedix y estrechamente vinculada con Esbiomed, que ha recibido recursos del IPN. Ello evidencia que Ramírez no solo es amigo y colaborador de Tapia en el mismo instituto, sino también su socio y posible prestanombres.
Todo ello importa porque Corporativo Duomed es una empresa con una explosión de ganancias meteórica… al amparo del erario. Tan solo de 2019 a la fecha ha obtenido más de 130 millones de pesos en contratos entregados en su enorme mayoría por adjudicación directa de diversas instituciones de salud.
Duomed y Esbiomed fueron constituidas ante el mismo notario y comparten el mismo domicilio fiscal. El otro accionista fundador de Duomed y Esbiomed es Juan Manuel Arcia Pérez, quien también es apoderado de Grupo Preventivo NAMO.
Lo anterior cierra nuevamente el círculo de complicidades y traspasos ya que Grupo Preventivo NAMO, según los documentos oficiales del SAT a los que se tuvo acceso, registra operaciones financieras por 81 millones de pesos con Interacción Biomédica, la gigante fantasma del sector salud.
“Es decir, Tapia favoreció con un contrato a una empresa (Esbiomed) que tiene similitudes extremas con otra compañía en la que es accionista su colega, amigo y también funcionario Ramírez Urbina; y que tiene accionistas implicados en operaciones financieras con Biomédica, empresa con la que ha colaborado y formado parte el propio Tapia”, indica la investigación de TOJIL.
Los litigios
Desde hace tres años el jefe de administración del IPN y sus cercanos han tratado de frenar o al menos obstaculizar las investigaciones oficiales que tienen por objeto verificar su patrimonio, sus vínculos empresariales y sus operaciones financieras. TOJIL ubicó al menos nueve juicios de amparo que él y los suyos han promovido.
En 2021, por ejemplo, los Tapia promovieron tres juicios de amparo en contra de investigaciones por irregularidades administrativas en su contra. En 2022 se amparó contra una investigación más en su contra abierta en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública.
El funcionario, su esposa, su hermana y su madre también promovieron entre 2020 y 2022 diversos amparos en contra de los procesos de verificación patrimonial iniciados en la SFP ante las sospechas de irregularidades. Y ante el temor de ser detenidos, toda la familia, incluyendo hijos y hasta el apoderado legal promovieron otra demanda contra posibles órdenes de aprehensión en su contra.
El juicio de amparo más reciente es el que Tapia solicitó en julio pasado y fue turnado al Juzgado 14 de Distrito en la materia con sede en Ciudad de México. Aunque todos los datos aparecen reservados en los registros públicos de la judicatura, TOJIL confirmó que se trata de un recurso promovido por el exfuncionario en contra de la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000753/2022 abierta desde 2022 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR.
La carpeta, según los confirmado por autoridades federales, se inició por posible enriquecimiento ilícito y lo que resulte luego de que tanto la SFP como la exjefa del SAT y actual Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, lo denunciaron tras encontrar discrepancias y operaciones legalmente inexplicables en su entorno.
Aunque para mover los recursos posiblemente ilícitos se han empleado a prestanombres o empresa fachada, las indagatorias ya han logrado identificar en torno a Tapia y su esposa posibles ingresos inexplicables que superan los siete millones y medios de pesos. Las indagatorias continúan. El jefe de administración de IPN ha intentado acceder a los datos de la carpeta antes de que llegue a anos de un juez de control. Por ello promovió el amparo y logró que el juez de amparo ordenara a la FECC presentar los registros de la indagatoria. Sin embargo, los fiscales presentaron una queja en contra de esa determinación que hasta el cierre de este texto sigue bajo análisis.
Responsables de la investigación: Miguel Meza, Arturo Ángel, Isaac Martínez, Natalia López, Fernanda Romero.
12.- Javier Navarro Rosas. Representante sindical del CECyT 8. 
40.- Teresa de Jesús Yepez Rivera. Dirección de Bibliotecas y Publicaciones. 
